El cambio climático es, por la magnitud de sus consecuencias, uno de los retos más importantes para la Humanidad no solo en el futuro, sino ya en los momentos actuales. De entre todas las aproximaciones posibles a un fenómeno tan complejo, la jurídica presenta un papel central, pues es necesaria la construcción de un entramado normativo que refleje con flexibilidad, pero con firmeza, la información que proporcionan las diversas ciencias y contenga técnicas apropiadas para reaccionar contra la grave preocupación que dichas informaciones refleja. Dentro de esa aproximación normativa una dimensión que se revela como fundamental es la que se refiere al Derecho internacional, imprescindible para responder a un problema global. La sociedad internacional ha percibido esa necesidad hace tiempo; sin embargo, tras un primer periodo de avance concretado en la Convención de Nueva York de 1992 y el Protocolo de Kioto de 1997, la situación actual es la de indefinición que dura mucho más de lo que la urgencia del problema aconseja. La negociación de un nuevo texto que articule una respuesta efectiva no ha hecho por el momento más que acumular decepciones, al no alcanzarse el consenso suficiente para la adopción de la adecuada normativa. Sin embargo, la realidad del fenómeno no permite que ese retraso se siga acumulando. 2014 se presenta como un año clave en el que se van a registrar diversos acontecimientos que deberían conducir a un resultado final y positivo. Ese el objeto del estudio que ahora se presenta: el análisis del proceso de negociación del nuevo régimen jurídico-internacional de lucha contra el cambio climático y la identificación de los principios y líneas directrices de los que depende que la solución que finalmente se adopte sea verdaderamente efectiva para la solución de un problema que amenaza con marcar el futuro inmediato de los habitantes, presentes y futuros, del planeta.
